En Salamanca, el alcalde César Prieto vuelve a quedar exhibido por la falta de congruencia entre lo que dice y lo que hace. Apenas en mayo de este mismo año, declaró públicamente que quedaban suspendidos los permisos de venta y construcción de desarrollos inmobiliarios en la zona poniente, al menos hasta que se resolviera el grave problema de movilidad que enfrenta la ciudad, particularmente con el puente de Mancera.
En aquel momento, Prieto incluso señaló a las administraciones pasadas por actuar con irresponsabilidad al autorizar fraccionamientos sin prever la infraestructura necesaria, asegurando que en su gobierno se frenaría esa práctica.
Sin embargo, esas palabras quedaron en lo que fueron: discurso. El 20 de agosto, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato (edición 166, segunda parte), quedó asentado que la Dirección General de Ordenamiento Territorial, Urbano y Medio Ambiente, a cargo de Javier Ramos Quiroz, autorizó el permiso de venta para 1,337 nuevas viviendas en el fraccionamiento Arboledas de Ciudad Bajío 2.
El documento oficial incluso detalla que se beneficia a una inmobiliaria de León, lo que abre la pregunta incómoda: ¿de quién es realmente el negocio y a quién está sirviendo el alcalde de Salamanca?
Mientras la ciudad sigue enfrentando problemas de tráfico, falta de infraestructura y carencia de servicios básicos en varios puntos, César Prieto muestra que su palabra frente a los salmantinos se diluye en autorizaciones oficiales que contradicen su propio discurso.
Una vez más, el alcalde queda atrapado en sus propias contradicciones: dice defender los intereses de la ciudad, pero en los hechos privilegia a desarrolladores privados.
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