Por En Tinta Negra
Los llamados anexos, esos improvisados centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones, se han convertido en una realidad dolorosa en nuestro país. Familias desesperadas los ven como una última esperanza. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha encendido una alerta: internar a alguien sin su consentimiento puede ser un ataque a la libertad personal y un acto de tortura.
La tesis recién aprobada (53/2025) recuerda que solo en casos muy excepcionales se justifica un internamiento involuntario: cuando hay un riesgo vital y debe estar supervisado por médicos y ajustado a la Ley General de Salud. De lo contrario, encerrar a alguien “por su bien” equivale a arrebatarle la dignidad y a violar derechos humanos tan básicos como la libertad y la integridad.
Los anexos, en su mayoría, no son hospitales, no tienen autorización sanitaria y carecen de personal especializado. Funcionan como cárceles privadas, muchas veces con violencia, incomunicación y maltrato. Es urgente que el Estado mexicano los regule o los cierre, porque hoy se encuentran en una peligrosa zona gris donde la línea entre la rehabilitación y la tortura se borra.
La desesperación de una familia no justifica encadenar la vida de un ser querido. Ni el amor ni el miedo deben ser excusa para la tortura.
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